Intermediarios e ideología

Durante el siglo XVIII es común encontrar escritos de particulares y autoridades coloniales explicando los mecanismos que, a su parecer, producen el alza de los precios y la escasez de los alimentos. En todos los casos la única explicación es la presencia en el cirduito de distribucióón del jark’iri y del regatón. Apoyándose en la legislación antigua y contemporánea, que prohiben el monopolio de los alimentos por algunos comerciantes, estos escritos buscan neutralizar los intermediarios con la creación de establecimientos estatales donde los productores puden alojarse, almacenar los productos y venderlos.

En estas canchas municipales, tanto vendedores como compradores no deben soportar las variaciones de precios y existencia impuestas por los intermediarios monopolizadores.

El cabildo, por intermedio del fiel ejecutor, puede fijar los precios de los alimentos y controlar los pesos y medidas utilizadas en la venta. De este modo, el indio es incitado a regresar a la ciudad donde no soporta ya la tiranía del jark’iri.

Hasta quí los proyectos de los grupos coloniales. Podemos considerar que responden a una realidad concreta y que, por otra parte, son realizables ?

Quizá convenga seguir los flujos y reflujos de este problema a lo largo del siglo que nos ocupa, para comprender el funcionamiento íntimo de las plazas de venta. El texto más temprano nos sitúa en el año 1710. Por el sabemos que los indios se instalan en canchas privadas adonde llegan los empleados del fiel ejecutor para cobrarles el « manifiesto », un impuesto de un real o real y medio, por la entrada a la ciudad. Este manifiesto es ilegal, es decir no está inscripto en ninguna ordenanza pero es práctica constante y extendida a lo largo del siglo y a lo ancho del Alto Perú. Cuando no es el fiel ejecutor que lo cobra, es el procurador general o el corregidor mismo.

Ante los reclamos de los indios transportadores de comestibles, la Real Audiencia prohibe este imuestos en cada caso que le es solicitado, pero sus decisiones son letra muerta ya que ella misma no toma ninguna medida práctica para hacerla cumplir. Es evidente que los jueces hacen el doble juego de « hacer cumplir la ley » por un lado y por el otro, permitir que estos funcionarios redondeen sus salarios con estos metodos de exacción que tambien llenan las cajas de los cabildos.

Las autoridades coloniales concentran en sus personas distintas jurisdicciones legales, policiales y fiscales. Es de este modo que el fiel ejecutor, como el corregidor mismo, ordena las tasas ilegales, las cobra y, en caso de negativa, encarcela al rebelde. O bien, ordena el comiso de mulas y llamas en las que se han transportado los comestibles, para utilizarlas en sus empresas personales. Como casi todas las autoridades orureñas son mineros, utilizan sus prerrogativas para obligar al indio « trajinanate » a ocuparse del traslado de carbón, hierro o sal a sus minas, sin por ello pagarle el trabajo o indemnizarlo por la perdida de sus animales durante el trayecto.

Según las denuncias que se han recordado mas arriba, el jark’iri consigue las mercaderías a un precio más bajo para, luego, revenderlo a uno mucho mayor. Según la lógica de los denunciantes, los indios prodrían vender a mejor precio si lo hicieran directamente a los clientes, quien los comprarían a un precio más bajo que el pedido por el intermediario.

Hay aquí un doble ocultamiento de la verdad. La autoridad colonial no cree en la libertad de acción de los indios vendedores ni le interesa que estos reciban mejor pago por sus productos. Si bien hay indios que comercian con alimentos para conseguir beneficios satisfactorios, la mayoría de ellos lo hacen solamente para pagar la tasa, las obligaciones religiosas y los gastos de la mita de Potosí. Si los productores consiguen muy buenos precios vendiendo directamente al comsumidor no vuelven con nuevos productos. Por qué? Porque han realizado la suma de dinero necesaria para pagar las obligaciones recién enumeradas.

Si los productores no vuelven a la ciudad, habrá penuria de comida. Además, si los productores no vuelven, una multitud de habitantes se verá desprovistos de una parte de sus medios de subsistencia : desde el mendigo hasta el corregidor, desde los monjes hasta los mineros. Cada cuartillo que se arranca al indio vendedor es un cuartillo menos para la tasa y uno más que debe conxeuir. Pero como el indio tiene la libertad de acción suficiente como para desertar Oruro, en beneficio de otros centros mineros, busca esta solución cuando las perdidas en metálico, material y tiempo se hacen insoportables. El arte de las autoridades urbanas es encontrar y no franquear el umbral de tolerancia de los trajinantes. Los documentos demuestran que cada vez que el cabildo y los jueces no saben mantener el equilibrio, un grupo de la clase dirigente se encarga de restablecerlo, iniciando acciones jurídicas contra las autoridades.

 

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