Violencia y autoridad bis

Si Landaeta es el caso flagrante de la lógica comercial de los corregidores de Oruro (o de otras autoridades municipales) su modo de actuar no lo aleja de, por ejemplo, del trío de justicias de Lipez que perciben su cargo como una empresa mercantil. Una de las características de la vida económica colonial es la diversidad de sectores a los que se interesa cada uno de los actores :

 

 

Los corregidores-comerciantes no escapan a esta necesidad de multiplicación de intereses y los repartimientos no son el centro único de sus actividades comerciales.

La suerte del asiento minero de Lipez, en el sur del actual departamento de Potosi, es ejemplar. En 1752, cuando los habitantes acuden a la justicia de la Audiencia, están sufriendo, bajo el gobierno de Nicolás Laso de la Vega, abusos que son la repetición de lo sucedido bajo los dos corregidores anteriores, Christóbal Morales y Joseph de Arroyo. Desde 1740 los comerciantes de productos agrícoles son obligados a venderlos al justicia a precios más bajos que los habituales. A pesar que los comestibles, aun cuando son vendidos por españoles, no pagan alcabala, esta es exigida a todos los indios que llegan con tubérculos o legumbres y no sólo a quellos que las transportan para comerciar sino también a quienes las traen para el consumo personal.

Los vecinos españolles son también obligados a pagar impuesto por la comida personal que hacen llegar a Lipez. Algunas veces se les prohíbe expresamente el hacerlo.

A diferencia de su antecesor, quien no sólo acaparaba todos los productos sino que los ponía a la venta en su propia casa, Laso de la Vega los entrega a un  indio pulpero que los vende a precios elevados. Como nadie se atreve a comprar a los proveedores, estos se ven obligados a aceptar las exigencias del corregidor o decidir no venir más a Lipez. Los consumidores por  su parte, en la incapacidad de elegir, deben aceptar  los artículos propuestos por el pulpero  de Laso  y pagar los precios exigidos.

Joseph Arroyo había anticipado esta situación porque además de hacer vender los productos en su casa había prohibido todo comercio fuera  del perímetro de la plaza, a la cual los compradores no acudían por temor de provocar la cólera del corregidor. A las pulperas independientes que resistían a su campaña de intimidaciòn y de eliminaciòn de la competencia, les exigió el pago de 24 pesos como derecho a la actividad comercial. Casi todas las mujeres – el texto indica pulperas en femenino – decidieron partir en busca de un centro poblado más propicio a sus negocios.

El sistema comercial de estas autoridades coloniales es sumamente sencillo, pero eficaz.

 

  • La concentración del aprovisionamiento y de la distribución de todos los productos necesarios a la subsistencia. 
  • La posibilidad de dictar normas restrictivas a todos los comerciantes potenciales les procura un amplio margen de maniobra al que se agrega una gran disponibilidad ded dinero en efectivo, en relación al resto de la población . Ello por el aprovisionamiento
  • La distribuición es facilitada por las medidas que dicta contra los consumidores que intenten aprovisionarse fuera del recinto urbano (prohibiciones, alcabalas),.
  • Por la conciencia que tienen sus administrados que el poder discrecional del corregidor se hará sentir en un momento o en otro si no se sigue sus deseos. 
  • Y, por útimo, porque siendo productos necesarios, vitales, los pobladores se ven obligados a acudir a él, aun si los precios son desmesurados. 

Nunca como en este caso « juez y parte » es mejor empleado : el juez-comerciante monopoliza el comercio de hecho y dicta el derecho que le permite asentar el monopolio.

 

Estos principios nos remiten a los repartimientos que reproducen en mayor escala esta misma situación. En los repartimientos, el corregidor debe hacer frente a los mercaderes que le han confiado los productos que reparte. En el "reparto" de comestibles hace frente a simples productores sin posibilidad de defensa. Hace frente ayudado por las alianzas políticas que el justicia anuda en las instancias superiores del gobierno colonial, su aliado. Los habitantes de Lipez hacen este doloroso descubrimiento cuando intentan un proceso a Laso de la Vega.

Como es habitual en la instrucción de la justicia española colonial, la Audiencia de La Plata ordena a Laso presentarse ante  su corte en 30 días. Al mismo tiempo se decide el embargo provisorio de sus bienes – para hacer frente  al pago de posibles  condenas o gastos precesales-. Un informante extrajudicial avisa al funcionario del trámite que se prepara contra él, quien muda  sus pertenencias a La Plata misma y desaparecen sus libros  de contabilidad.

Desde el inicio del proceso la justicia comprendre  que  no podrá sacar mucho provecho financiero. Esta certeza inspira  la cínica defensa de Laso? El corregidor alega que ante la pobreza de sus administrados él compra los comestibles para que diariamente los pobladores puedan abastecerse. Si no hubiera tomado esta medida, los aprovisionadores, faltos de clientes que compren sus cargas, habrían seguido viaje a otros pueblos, dejando a Lipez en la carestía.

Tal cual.

El procurador de la Corte, aunque encuentre fundadas las acusaciones contra el corregidor se inclina por un « no hay lugar » debido a consideraciones político-financieras:

 

  • El alcalde provincial encargado de  la instrucción en Lipez sufría de una antigua inhibitoria, que le impedía ocuparse de  litigios que tocaran al corregidor de Lipez. 
  • No parece haber candidato al corregimiento lo que significa un vacío de autoridad, el repartimiento que no se llevará a cabo y por ende, sus ganacias . 
  • El vacío de autoridad implica que no habrá funcionario que realize la próxima revisita (censo de indios en vista de pagar los tributos). 
  • Y, por útimo, Laso de la Vega, debe sus medias anatas –tasa sobre su salario- al erario real y no podrá pagarlas si no continúa el cobro de sus repartimientos.

 

Tal cual.

Una demostración circular y casi por el absurdo: la administración colonial considera el cargo de corregidor solamente como una fuente de ingresos comerciales y fiscales. La que comprende los repartimientos legales o no, el cobro de los tributos indigenas y toda otra actividad mercantil del funcionario real.

 

Ajouter un commentaire
Code incorrect ! Essayez à nouveau